En los 80 y 90 del siglo XX se produjo en República Dominicana un intenso proceso de movilizaciones sociales y populares recurrentes en demanda de servicios e infraestructuras básicas. La población se levantaba en reclamos que dirigía al Gobierno central. Muchas de esas demandas correspondían ser atendidas por los cabildos, pero estos no contaban con los recursos requeridos para darles solución.

En esa situación, en la cual el Gobierno central, que disponía de los recursos, no daba respuesta a las demandas de las comunidades, se inició un movimiento de opinión que comenzó a señalar la necesidad de propiciar una descentralización de la administración pública hacia los municipios, y así los ayuntamientos estuviesen dotados de mejores condiciones para atender muchas de las demandas de las comunidades.

Ese movimiento permitió generar suficiente apoyo en la opinión pública y así se logró la aprobación de la Ley 17-97 que transfería el 4% de los ingresos ordinarios del Presupuesto Nacional a los ayuntamientos.